Impacto ambiental e importancia en tus proyectos

El impacto ambiental debe ser evaluado siempre de forma previa a la ejecución de un proyecto. Por ello es tan importante para las empresas contar con un gabinete pericial capaz de determinar el grado en que el medio ambiente se ve afectado o no por la implantación del proyecto. Existe de hecho, un formalismo administrativo para dar luz verde o frenar desde la administración un determinado proyecto a poner en marcha. Se llama Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). En Peritos Expertia ofrecemos este servicio de realización de EIA y en este post vamos a desglosar sus propósitos y métodos de ejecución. Lo primero que hay que dejar claro es que es un asunto de la máxima importancia y actualidad en España. Veamos un ejemplo:

Fomento solicita la declaración de impacto ambiental del Vial 18

En uno de los párrafos de la noticia, publicada por La Voz de Galicia podemos leer:

«Pero el documento, obligatorio antes de iniciar los trabajos, está terminado y el pasado mes de mayo fue remitido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que emita la declaración necesaria»

Queremos anotar esta cita para resaltar dos aspectos clave que se desprenden de aquí: que el documento (Evaluación de Impacto Ambiental) tiene carácter obligatorio y que la administración tiene que emitir la declaración necesaria.

EN TODO PROYECTO, ANTES DE SU EJECUCIÓN SE DEBERÁ APORTAR UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. A PARTIR DE LOS RESULTADOS QUE ARROJE, LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE ADMITIRÁ O DENEGARÁ DE MANERA VINCULANTE LA POSIBILIDAD DE REALIZARLO EN LAS CONDICIONES PROPUESTAS.

Ya podemos ir comprendiendo que la Evaluación del Impacto Ambiental, amén de una exigencia administrativa es una procedimiento técnico cuyos objetivos son:

• Identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en el hipotético caso de llevarse a cabo
• Responder a una finalidad concreta: dar a la administración competente elementos de juicio para decidir si aceptarlo, rechazarlo o incluso modificarlo.

Lo que ocurre, a nivel práctico, es que la Administración Pública, como garante de la propiedad común tiene que conocer el impacto que tendrá un proyecto determinado en su alrededor. Por ello, para poder evaluarlo se exige una Evaluación del Impacto Ambiental que debería detallar aspectos concretos como: tipo de obra, materiales que van a ser usados en su ejecución, técnicas constructivas a emplear, trabajos de mantenimiento en la fase operativa, tecnologías utilizadas, insumos o bienes a transformar… En definitiva se pide poca literatura y bastantes cifras de masa crítica con valor analítico.

A partir de aquí se sigue un itinerario administrativo para intentar llegar a buen puerto con el proyecto:

1. El promotor realiza y presenta el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) a la administración competente.
2. En este momento se abre un proceso de participación pública.
3. Finalmente, el Organismo Medioambiental competente en cada caso emite la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) cuyo carácter favorable es imprescindible para lograr contar con los permisos necesarios para llevar a término la ejecución del proyecto.

Por eso es tan importante la Evaluación del Impacto Ambiental. Contar con un gabinete pericial experto en impacto ambiental capaz de elaborar un informe que justifique técnicamente la sostenibilidad de nuestro proyecto en el EIA nos acercará muchísimo a una resolución favorable de la administración en la definitiva y decisiva Declaración de Impacto Ambiental. La diferencia está en la consecución de un argumento favorable o no. No en inventarlo sino en encontrar el razonamiento técnico sobre el que descanse la verdad a la que aspiramos: que nuestro proyecto se puede ejecutar sin dañar el entorno ambiental sobre el que se asienta o al que afecta directa o indirectamente.

El carácter obligatorio de los Estudios de Impacto Ambiental de forma previa a la ejecución de los distintos proyectos que se plantean se consideró a nivel legal en EEUU por primera vez. Para 1985, la Unión Europea ya acertó a incluirla en su normativa comunitaria.